La Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM) y la Oficina de Derechos Sociales de Málaga (ODS - Málaga) informan:

En la mañana del 20 de noviembre, la Policía Nacional se llevaba del Centro de Internamiento a la pequeña Gift, de tan sólo cuatro años, y a su madre. Hasta el momento, las autoridades del CIE no han explicado por qué el padre, internado en el módulo de hombres, no ha sido expulsado con ellas, si lo será en las próximas horas, a qué destino ni si la familia se reagrupará.

Igualmente, se desconoce a qué país han sido expulsadas, dado que la Policía Nacional pone en duda que sean originarias de Sierra Leona, tal y como habían manifestado.

Esta tarde, Sony Benedu, padre de la menor, era asistido por los servicios médicos del CIE al conocer por primera vez que su familia había sido expulsada sin su conocimiento esa misma mañana y tras dos días en que se le había impedido verla.

La noticia la recibió a través de la letrada de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, a quien la Policía se vio en la obligación de informar de los hechos cuando solicitó entrevistarse con toda la familia. Fue la propia letrada quien tuvo que reclamar la asistencia médica ante el desvanacimiento sufrido por el padre. La pequeña Gift, que significa "Regalo" en inglés, nació hace cuatro años en Marruecos, donde sus padres se conocieron a la espera de cruzar el Estrecho tras un largo periplo desde su país de origen, Sierra Leona. El pasado 23 de octubre llegaba con sus padres con sus padres al Centro de Internamiento de Málaga, junto a 13 personas más de origen subsahariano, interceptados en una patera antes de arribar a costas granadinas. El internamiento de la menor y sus padres fue autorizado por el juzgado de guardia en Motril a petición del grupo de extranjería de la Policía Nacional, a pesar de las deficiencias del Centro denunciadas en repetidas ocasiones por asociaciones de inmigrantes y organismos oficiales, desde del Defensor del Pueblo hasta el Sindicato de la Policía Nacional.

Un reciente informe de la Unión Europea diagnosticaba que el Centro de Internamiento de Málaga reunía las peores características de todos los europeos, incluido los países de nueva admisión. Según la legislación española, la no tenencia de documentación supone una falta administrativa, nunca un delito, por lo que cada vez son más las voces que exigen el cierre de los centros de internamientos para extranjeros