La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña decidió esta tarde por aclamación suspender a partir del 1 de febrero y de manera temporal el turno de oficio, hasta que la Xunta escuche sus peticiones.

Según informó el abogado Roberto Rodríguez Martín a Europa Press, esta decisión viene motivada porque "tenía que adelantar el dinero el Colegio y ya no cuenta con más presupuesto" y después de que presentaran a la Xunta una propuesta a finales de noviembre en la que se solicitaba un encuentro antes que terminara 2008 sin que hayan recibido respuesta.

Entre sus propuestas está la de que sea la propia administración autonómica la que abone directamente el importe de los honorarios del letrado y, en su caso, exija su reembolso al beneficiario; así como permitir que el abogado defensor de una víctima de violencia de género pueda promover o iniciar en su nombre el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Los abogados pretenden trasladar esta petición a la Consellería de Presidencia.

Además exigen a la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de A Coruña que cuando se deniegue el derecho de justicia gratuita figure la relación de ingresos y recursos tomados en cuenta para adoptar la decisión; la aprobación de un baremo de compensación económica digno que retribuya adecuadamente todos los servicios prestados por el abogado; la suscripción de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes; y un lugar digno en donde el letrado pueda trabajar.

Por último solicitan a Presidencia que abone los gastos de infraestructura del turno de oficio y Servicio de Orientación Jurídica pendientes, "y los derivados de las exigencias de especialización y formación", así como que modifique la dotación presupuestaria referente a la justicia gratuita de modo que cubra tanto los gastos del 2009 como la modificación del baremo de compensación económica para los profesionales.

Propuestas demagógicas

A su juicio, las propuestas que los políticos ofrecen para la gestión del turno de oficio, "un derecho pero también una obligación", son en la mayoría de los casos "demagógicas y electoralistas", y pasan por "cargar la responsabilidad de un servicio público" a los profesionales que los prestan, abogados y procuradores, y a los Colegios Profesionales que lo gestionan, "sin que las continuas exigencias se vean compensadas por una contrapartida, procedimental y económica, que dignifique su actuación".

Así, según denunció Rodríguez, la Comisión Provincial de la Justicia Gratuita de A Coruña, a pesar de los conflictos que se produjeron durante 2007 y 2008 y los acuerdos alcanzados, "de nuevo está denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el ámbito penal a los imputados, por no aportar documentación, es decir, sin soporte documental alguno".

Un hecho que provoca que los abogados, a pesar de haber prestado el servicio, no puedan percibir compensación económica con cargo a fondos públicos, ni tampoco del imputado, dada su condición de insolvente. Asimismo, los abogados denuncian que una reclamación por este motivo en los Juzgados de Instrucción "generaría una resolución inejecutable que aportaría una carga adicional de trabajo a los ya colapsados órganos".