La Sociedad Andaluza de Juristas por la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivo, Grupo 17 de Marzo presentó el pasado 5 de marzo un escrito ante el Excmo.  Ayuntamiento de Sevilla y  la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía solicitando información sobre la financiación de  los autobuses en los que el pasado 21 de febrero se trasladaron un grupo de personas a Madrid a fin de  manifestarse a favor del establecimiento de penas punitivas tales como la cadena perpetúa.

El Grupo 17 de Marzo considera que existen normas directamente aplicables tanto internacionales como internas de

defensa de los Derechos Humanos que excluyen, en todo caso, la posibilidad de que los Organismos Públicos realicen comportamientos activos a favor del establecimiento de la cadena perpetua. En concreto citamos las relacionadas a continuación:

Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, entre otras.

 Ante esta situación el Grupo 17 de Marzo solicita a las Administraciones referidas que se haga público las partidas presupuestarias utilizadas para la realización de tales actos administrativos consistentes en la contratación de servicios de transporte y en caso de que se hayan empleado fondos públicos para tal finalidad, se inicie de oficio revisión del acto administrativo por resultar nulo de pleno derecho al contravenir directamente las normas internacionales antes expresadas, y se interese la devolución de las cuantías consignadas a tales fines.

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